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Durante la década de los años ochenta, la prensa internacional
denunció en grandes titulares la existencia de tráfico de
residuos peligrosos. Producidos en el mundo más industrializado,
estos residuos viajaban hacia los países en vías de desarrollo
de África, Asia y América Latina.
Por aquel entonces, la utilización de esos estados como “basureros”
de los residuos de los países ricos era una práctica muy corriente.
Como en tantas ocasiones, el porqué de todo ello cabe buscarlo
sobre todo en motivaciones de tipo económico, aunque no fueran
éstas las únicas razones. La adopción de legislaciones cada
vez más rígidas y restrictivas en los países industrializados,
se traducía en un aumento considerable de los costes de gestión
y eliminación de esos residuos y, por tanto, la exportación
se convertía en la solución económicamente más atractiva para
las industrias del primer mundo, aunque sus consecuencias
fueran ambientalmente nefastas para los países receptores.
Cabe citar aquí el caso de las quince mil toneladas de cenizas
procedentes de la incineración de las basuras de la ciudad
de Filadelfia. Estas cenizas, con una fuerte concentración
de dioxina, navegaron durante casi dos años por distintos
mares en búsqueda de un lugar donde ser eliminadas. Después
de intentarlo en más de catorce países, una parte fue vertida
sin autorización en las playas de Bahamas, donde aún se encuentran,
y el resto fue a parar al fondo del Océano Pacífico.
Se trataba, por tanto, de una nueva crisis medioambiental
que, al igual que la destrucción de la capa de ozono o la
lluvia ácida, necesitaba de la cooperación de todos los países
para analizarla, comprenderla y resolverla. El resultado fue
la adopción, en 1989, del Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
y su eliminación, negociado bajo los auspicios del Programa
de Naciones Unidas para el Medio .../... Proyectos
Químicos. Nº 1.033 / 2001 [Solicite Ejemplar]
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